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Costas y Santa Cruz de La Palma

Santa Cruz de La Palma pide el apoyo a Afectados por la Ley de Costas para las familias de Maldonado

El concejal de Urbanismo, Víctor Francisco, se reúne con el presidente de la Pcalc, José Luis Langa González para explicarle la situación actual

Santa Cruz de Tenerife, 15 de marzo de 2016.- El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Víctor Francisco (CC), mantuvo el pasado viernes, 11 de marzo, un encuentro con el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, para informarle y recabar su apoyo para las más de setenta familias del núcleo poblacional de Maldonado, perjudicadas por dicha ley.

 

Francisco explicó al letrado Langa González, quien estuvo acompañado de la también abogada Eva González, que las más de setenta familias afectadas ocupan sus viviendas, generación tras generación, desde principios del pasado siglo, y que ahora podrían verse afectados por la aplicación retroactiva de dicha norma.

El polígono industrial que se ubica en Mirca, que cuenta con cerca de una veintena de empresas, “también está en el punto de mira del Estado en su aplicación de la Ley de Costas”, aseguró Francisco.

También informó de que esta situación de indeterminación ante la actual Ley de Costas afecta a zonas próximas a dicho núcleo poblacional, espacios que se quieren incorporar al Plan de Ordenación del Municipio y convertirlos en zonas turísticas.

El concejal de Urbanismo indicó al presidente de la Pcalc que por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se ha aprobado recientemente y por unanimidad de todas las fuerzas políticas una declaración institucional en defensa de los intereses de los ciudadanos de Maldonado.

Por su parte, Langa González recordó que la situación creada por la Ley de Costas es un “problema que nos afecta a todos los canarios” y que desde la plataforma que preside “nuestro único interés es que personas que han vivido generación tras generación en determinados núcleos de las islas, con la permisividad de las diferentes Administraciones, ahora no se vean amenazadas por la aplicación retroactiva de la ley, para lo cual es imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones afectadas”.

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