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Puerto de la Cruz/Empresarios

Un juez da la razón a los empresarios de Puerto de la Cruz frente al Ayuntamiento por las tasas de ocupación de la vía pública

El primer juicio ganado por el equipo jurídico de José Luis Langa González abre la vía a que el resto de las sentencias sean favorables

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2015.- Un juez del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a los empresarios de negocios de restauración de la zona centro de Puerto de la Cruz en el primer juicio celebrado como consecuencia del incremento desproporcionado de tasas de ocupación de la vía público que había aplicado el Ayuntamiento local.

El abogado José Luis Langa González, quien ha llevado a cabo este procedimiento, ha asegurado hoy en rueda de prensa que “este ha sido un proceso largo y muy difícil, pues era la lucha de David contra Goliat, donde David son los vecinos afectados por este impuesto del Puerto y Goliat la Administración, pero una vez más se ha impuesto la razón y la justicia”.

Los Empresarios de la Zona Centro de Puerto de la Cruz denunciaron hace más de un año el incremento en las Tasas de Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas de hasta un 300 por ciento que se impuso de un ejercicio para otro, con las consecuencias onerosas que eso supuso para los responsables de dichos negocios.

Un peritaje independiente determinó recientemente que las tasas de la ciudad portuense podían llegar, en algunos casos, a ser hasta de un 6oo por cien superior que en localidades turísticas tales como Adeje y Arona.

La sentencia actual, del 23 de abril de 2015, da la razón a los empresarios y el juez plantea, según explicó Langa González, una cuestión de ilegalidad, que significa que un tribunal superior deberá estudiar la actual ordenanza en vigor para determinar su posible legalidad, “y de no ser legal, esta ordenanza deberá quedar sin efecto, con lo que no sólo se beneficiarán los empresarios que han recurrido, sino todo los negocios del Puerto de la Cruz”.

“Confío en que tras esta sentencia, el resto de juicios pendientes tengan igual resolución, y una vez que haya una sentencia en firme –el Ayuntamiento tiene quince días para recurrir- lo lógico es que se pare al ordenanza y se devuelva el dinero cobrado en exceso a los empresarios que ya lo hubieran pagado”, matiza el abogado Langa González, y “de no hacerlo motu proprio seremos nosotros quienes lo pidamos”.

 

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